miércoles, 17 de junio de 2009

N. IPO - LA ORO,

NOTA DE PRENSA SOBRE RESOLUCIONES DEL CABILDO INSULAR SOBRE LA CASA 26 DE LA CALLE NICANDRO GONZÁLEZ

Como culminación al largo expediente iniciado por el Cabildo de Tenerife producto de la destrucción parcial de la Casa Nº 26 de la Calle Nicandro González para proceder, por parte de la empresa Pejomar, a la construcción de un macroedificio de viviendas, aparcamientos y locales comerciales en el solar del derribado Teatro Atlante, esta institución ha dictado una nueva resolución, que pretende poner fin a este episodio.

Como se recordará, por parte del Cabildo, inicialmente, se procedió a imponer una multa a la empresa, como responsables de una infracción administrativa de las contempladas en la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, al no acatar una orden de suspensión de las obras y derribar la cubierta de la citada vivienda. Esa sanción se fijó, inicialmente, en 150.000 euros. Pero no se contemplaba, como bien indica la Ley de Patrimonio, la reconstrucción y devolución a su estado original del bien destruido, por lo que, tanto IpO como la Coordinadora El Rincón, presentamos sendos recursos contenciosos administrativos contra esta resolución, entendiendo que, además de la sanción, había que proceder a su restauración.

Fruto de esos contenciosos se dictaron varias sentencias que obligaban al Cabildo a exigirle a la empresa la reconstrucción del bien dañado.

Asimismo, por parte de la empresa y del aparejador de la misma, que también se le consideró como responsable directo y se le aplicaba la sanción, se presentaron recursos y apelaciones, tanto a los acuerdos del Cabildo como a las diferentes sentencias que se iban dictando.

El último episodio de este dilatado y farragoso proceso judicial (con varias sentencias y apelaciones a las mismas), son las sentencias que obligan al promotor a la reposición del daño causado al inmueble y el fallo del recurso de apelación interpuesto por la empresa y dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias el 27 de febrero del presente año, que viene a reducir la cuantía de la sanción, inicialmente fijada por el Cabildo en 150 mil euros, a la cantidad de 6.000 euros.

Como consecuencia de las mismas, el Consejo de Gobierno Insular del Cabildo, el pasado 25 de mayo, adoptó el acuerdo que ordena a la empresa a presentar, en el plazo de tres meses, el proyecto de reposición de la cubierta de la Casa Nº 26, “a fin de obtener la preceptiva y previa autorización establecida en la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias y, en segundo lugar, a imponer una sanción a la empresa por valor de seis mil euros.

Desde IpO queremos manifestar que acatamos, lógicamente, las sentencias dictadas en este asunto, que vienen a dar la razón a aquellos que defendimos que se estaba atentando contra nuestro patrimonio con la destrucción de la casa Nº 26 y que se estaban realizando obras que no contaban con las autorizaciones pertinentes. En ese sentido valoramos positivamente que se emplace a la empresa para la presentación de correspondiente proyecto de restauración de la citada vivienda y, entendemos que, al margen de fijar plazos para la presentación del proyecto, también tiene que producirse, por parte del Cabildo de Tenerife, un seguimiento a la ejecución de las citadas obras para que, efectivamente, se ejecuten (y no se quede todo en la mera presentación de un proyecto) y se reponga el daño causado y para que estas actuaciones se realicen lo más pronto posible.

Asimismo acatamos la sentencia que rebaja la sanción impuesta a seis mil euros, aunque consideramos que no es, en absoluto, una sanción ejemplarizante para aquellos que traten de atentar de esta forma contra nuestro patrimonio histórico artístico.

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