N. IZQUIERDA REALEJOS,

PABLO GONZÁLEZ, COORDINADOR DE IZQUIERDA UNIDA EN LOS REALEJOS.

ESTO ES LO QUE HACE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DE CANARIAS CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CON LEYES ANTIDEMOCRÁTICAS, SEGÚN PABLO PEDRO GONZÁLEZ

LA LEY CANARIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA NOS LLEVA AL ANTIGUO RÉGIMEN ESCRITO POR IUC

Izquierda Unida Canaria considera que el proyecto de ley de Fomento de la Participación Ciudadana, admitido a trámite por el Parlamento de Canarias la semana pasada, nos acerca al Antiguo Régimen, “pues va a regular cómo y qué cosas pueden pedir los súbditos a un poder en el que no participan”. La formación de izquierdas, cree que la suma de las leyes electorales, el coste de las campañas electorales y el acceso a los medios de comunicación públicos excluyen a la ciudadanía de una verdadera participación en las instituciones. Así que, en opinión de IUC, el Gobierno de Rivero lo que hace con la ley de Participación Ciudadana es reconocer una especie de derecho de petición a la ciudadanía que, en su día, podría haber sido asumido perfectamente por la dictadura de Franco.

IUC señala la contradicción que supone una ley de participación ciudadana hecha sin participación ciudadana. La formación de izquierdas, recuerda que el Dictamen del Consejo Económico y Social de Canarias sobre la ley de Participación Ciudadana criticó, al Gobierno canario, que le exigiera tal dictamen por la vía de urgencia y que, además, no aportara todos los informes preceptivos. Es decir, el gobierno regional impidió la correcta participación de los sectores sociales representados en el CES durante la elaboración de su ley de Participación. Es una burda burla una ley de participación en cuya elaboración no participan los ciudadanos y apenas lo hacen los agentes sociales representados en el CES.

Por último, IUC expresa su preocupación por el hecho de que el CES recomiende que “cualquier iniciativa legislativa”, que establezca “un nuevo marco normativo” en Canarias, vaya acompañada de un informe sobre sus efectos en la libre competencia de los mercados y en la libertad de empresa. A fin de cuentas, se constata que la Unión Europea está imponiendo la libertad de empresa como bien supremo del ordenamiento jurídico, ante la cual hay que evaluar incluso las reglas del juego democrático, cuando lo democráticamente lógico sería lo contrario. O sea, que la libertad de mercado tuviera que ajustarse a los derechos sociales y democráticos de la ciudadanía