URGCIAS Y EMERGENCIAS,

LA CUALIFICACIÓN DE LAS PERSONAS EN CANARIAS

ATÍCULO RECIBIDO DE: David Crespo González

El diálogo social, ha supuesto reconocer el derecho a la formación de la persona a lo largo de la vida. La adopción de este enfoque, demanda la creación de un sistema integrado que coordine la actividad de los diferentes subsistemas de formación que existen actualmente y el reconocimiento de la experiencia laboral de la población trabajadora.

Mientras, estas necesidades no son asumidas por quienes corresponden. Aún continuamos con el mismo escenario desde la ley 5/2002 de Formación y Cualificación Profesional sin que en el transcurso de los años haya una mejoría en la integración del ámbito formativo respecto a las dos administraciones, la Educativa y la Laboral. Ambas continúan como perro y gato, no contribuyendo a integrar los subsistemas de Formación Profesional y dar validez a las dos vías de acreditación (títulos y certificados de profesionalidad).Y si en ese campo de la formación no se ponen de acuerdo, mayor complejidad presenta el hecho de acreditar oficialmente la cualificación de trabajadoras y trabajadores procedente desde la experiencia laboral.

Desde la Secretaría de Formación de CCOO Canarias, apostamos por un sistema de formación profesional que consiga la articulación de estos subsistemas, y de ellos con las políticas de fomento del empleo. Para ello, es condición básica la necesidad de coordinación que implica la reforma del sistema de convalidaciones entre la formación reglada, la formación para el empleo y la experiencia laboral, incluso en el marco de las Relaciones Laborales.

Los esfuerzos, en este sentido, van dirigidos a convertir la formación profesional en una pieza clave de respuesta a los problemas de desempleo de la población y la necesidad de actuar frente al riesgo de exclusión social y laboral de una parte importante de la sociedad. Y más aún, la aspiración máxima es cambiar el lugar que ocupa la formación en la sociedad del conocimiento actual y sus relaciones con la actividad económica y social.

El nuevo enfoque que promovemos en la formación, no es sólo una respuesta a las necesidades de cualificación básica de las personas que se incorporan al mercado de trabajo o de las personas que demandan una actualización de sus cualificaciones ante los cambios técnicos o económicos. Se trata de fomentar la formación a lo largo de la vida durante la cual ésta se extienda de forma permanente en la persona.

La formación y cualificación profesional de la población se convierte en el eje principal de las políticas de empleo, tanto en Canarias como en la UE. Un mayor esfuerzo en recursos y la mejora de los sistemas de formación son instrumentos claves, no sólo para garantizar una mayor estabilidad y calidad en el crecimiento del empleo, sino también de la actividad económica.

Si entendemos que la formación profesional es una pieza fundamental del desarrollo económico y social y el acceso a la cualificación está relacionado con la democratización y la igualdad de oportunidades, será condición básica que la Formación Profesional deba proponerse como un instrumento eficaz contra la exclusión. Así y en relación con estos aspectos, comprendemos que las políticas de formación profesional son responsables del objetivo consistente en alcanzar una mayor consideración profesional y social. Pero la consideración de la Formación Profesional con fracaso es una realidad objetiva en las familias Canarias y derivan a sus hijos a los estudios universitarios por su prestigio social aunque los jóvenes recientemente titulados permanezcan una estancia de años pendiente a su incorporación al empleo.

Si llegamos a conseguir que la formación profesional funcione satisfactoriamente, el sistema educativo incorporará cada año al mercado laboral un número suficiente de profesionales bien preparados y titulados y éste será un avance revolucionario en la sociedad canaria. Pero las necesidades formativas de esas personas no habrán terminado en su periodo educativo. Resulta una prioridad absoluta mantener en pie un sistema formativo que permita la recualificación profesional de personas desempleadas y población trabajadora. Por esta razón, la política de empleo en Canarias debe tener una referencia y objetivo en la Formación Profesional a través del diálogo social y de la negociación colectiva.

El gobierno de Canarias debe entender que la adquisición de competencias personales y profesionales está íntimamente relacionada con mayores posibilidades de acceso, mantenimiento y calidad del empleo. Por ello, consideramos la formación profesional como una de las políticas activas de empleo de mayor apuesta desde nuestra organización sindical.

Así, exigimos desde Comisiones Obreras un mayor esfuerzo en estos tiempos actuales donde las familias Canarias sufren la dejación de los gobiernos y exigimos una mayor asertividad con la ciudadanía.

También, desde CCOO consideramos imprescindible complementar, integrar y coordinar las políticas públicas de formación y de promoción del empleo, diseñando itinerarios completos de información, orientación, formación, y ayuda y seguimiento a la inserción laboral, con la finalidad de prestar una atención de forma integral y personalizada.

En estos momentos, estamos pendientes del futuro de la Formación Profesional desde el desarrollo del Real Decreto de Centros Integrados y del Reconocimiento, Acreditación y Evaluación de la experiencia laboral de las personas. Las expectativas son máximas y desde luego nos jugamos la posibilidad de alcanzar un nuevo escenario cercano a la realidad laboral de las empresas y a la cualificación profesional de la población trabajadora. En ella se debe dar cumplimiento al derecho de la formación, orientación laboral fomentando su empleabilidad y al reconocimiento de la identidad de las personas en su condición de trabajador.

Por esta razón, nos preocupa que en Canarias se pretenda desarrollar estas experiencias sin referentes de normativa, es decir, sin dar origen al decreto autonómico que respalde legislativamente a la ciudadanía que participe en el procedimiento de evaluación y acreditación de la experiencia laboral. Sin duda, de este modo, se actuaría sin garantía suficiente para la población Canaria que participe en este procedimiento. O, ¿es qué pretendemos hacer experiencias sin proteger el derecho que en justicia demanda la ciudadanía canaria?

Por otro lado, mayor sorpresa y contrariedad manifiesta el Gobierno de Canarias cuando en el caso de la puesta en marcha de los centros integrados en Canarias se elaboro, desarrollo y aprobó el Decreto autonómico y, por el contrario, para acreditar oficialmente la entrega de la población trabajadora en la empresa, es decir, la experiencia laboral de las personas en Canarias, el gobierno de nuestra comunidad la pretende desarrollar sin armadura legislativa suficiente que dé garantía y derechos a las familias Canarias.

Francisco Javier Fernández Martín

Secretario de Formación para el Empleo de CCOO Canarias