ART. DE UN VILLERO,

LA NAVIDAD QUE NUNCA EXISTIÓ…

ARTÍCULO DE: Agapito De Cruz Franco

A Luz Marina Matos y Santiago Concepción en Tenerife, quienes siguen esperando desde hace más de 40 años, esa Navidad…

Hay injusticias que siguen sin ser reparadas. Una de ellas es la de lo niños y niñas que la dictadura franquista arrebató a sus familias en contra de todas las normas humanas, sociales, naturales y sobrenaturales. Es el caso conocido como “los niños robados del franquismo”, pues durante décadas desaparecieron en los territorios del Estado español muchos menores. Arrancados de sus familias, se les terminaba dando por muertos o desaparecidos, para pasar luego a formar parte de nuevas familias del Régimen, y educados en el nacional-catolicismo. Hablando del Rey de Roma, la Jerarquía de la Iglesia Católica sabe mucho de estos atropellos. Quienes en el caso del aborto y la interrupción del embarazo, se llenan la boca contra la libre decisión de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, y amenazan con estrambóticas y anacrónicas excomuniones, deberían estar en La Haya declarando ante un Tribunal Internacional sobre la desaparición de menores en la España de postguerra. La Comisión de los Derechos Humanos de la ONU determina con claridad la “responsabilidad por el mando” en estas estructuras jerarquizadas y sus responsabilidades internacionales.

Francisco Tena autor de “Niños invisibles en el cuarto oscuro” (Tébar) y “El papel de la Iglesia en Auxilio Social” (Sepha) documenta que en esta institución del franquismo denominada Auxilio Social que duró ¡hasta 1981! –y que visitaban familias afines a la Dictadura para llevarse a los chicos- la Iglesia Católica tenía un protagonismo absoluto. De lo que se deriva que los datos de los miles de niños bautizados en el Auxilio Social, obran en poder de la Jerarquía Católica Española, quien fue, a todas luces “guardiana y transmisora de las esencias del franquismo”(http://www.diagonalperiodico.net/ números 101, 110 y 112). Pero lo que no se entiende es cómo esta injusticia que alcanza incluso al año 1977, ha logrado traspasar la barrera del tiempo hasta caer en el pozo del olvido y pudrirse su recuerdo junto a los huesos insepultos de esos seres humanos, a quienes, como han dicho las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica, se les negó la vida, pero también la muerte…

Hablamos de unos hechos que son crímenes contra la humanidad, que por tanto no prescriben y que son perseguibles según el Derecho Penal Internacional. No hay que olvidar que estos niños fueron víctimas del franquismo al tratarse muchos de ellos de hijos de presas cuyos apellidos fueron modificados para apropiárselos núcleos familiares adictos a la Dictadura Franquista. Y que otros, desaparecieron en un lugar diseñado para vivir como son las incubadoras, y que la delincuencia institucionalizada convirtió en verdaderos agujeros negros que se extendieron por toda la geografía estatal desde Cataluña a Madrid, pasando por Bilbao y llegando a Canarias. ¿Por qué pues no se abren los archivos de la Iglesia donde se guarda la identidad de miles de adoptados? ¿Por qué el Estado español no ha iniciado aún ninguna investigación ni permite que aquellos puedan acceder a sus datos biológicos? ¿Por qué no se ha iniciado una investigación oficial por parte del Estado Vaticano cuando así lo aconseja el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos? La respuesta, como diría Bob Dylan, parece estar flotando en el viento. Sobre todo al constatar que hasta la Ley de Memoria Histórica se olvidó de estos pequeños, una Ley, que, nacida con el mal de Alzheimer “no tiene memoria de género”.

Miguel Ángel Rodríguez Arias, autor de “El caso de los niños perdidos del franquismo”, provocó en su momento las actuaciones habidas hasta ahora de la Audiencia Nacional, mientras que Fernando Magán representa a varias asociaciones de memoria histórica que piden que se investiguen estos crímenes. Estudios llevados a cabo, como los de la extinta asociación ANDAS y su Presidenta María Cruz González hacen necesario avanzar decididamente hacia el esclarecimiento de lo que fue todo un negocio de las élites dominantes, presuntamente tejido por monjas, curas, secretarios, alcaldes, políticos, militares y hasta jueces y médicos. Eso sí, unas élites tan poderosas, que nada parece poder contra ellas la democracia española, ni siquiera ante la denuncia hecha por la propia Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en su Balance de Crímenes de la Dictadura Franquista en marzo de 2006.